La Asociación de Empresas Salmantinas de Viviendas y Apartamentos Turísticos (AESVAT) ha solicitado la anulación de la ordenanza municipal que regula las viviendas y apartamentos de uso turístico en Salamanca. Según su presidenta, Teresa Majeroni, esta normativa "impone medidas restrictivas sin garantizar la seguridad jurídica del sector".
Majeroni expresó que la asociación se formó para defender los intereses de las empresas del sector y buscar soluciones conjuntas con las administraciones públicas. "Queríamos participar en la elaboración de esta normativa, pero no fuimos escuchados. Se han cambiado las reglas de juego a mitad de partido", afirmó.
Más de 600 alojamientos afectados
En Salamanca, más de 600 viviendas y apartamentos de uso turístico se encuentran registrados según datos del Instituto Nacional de Estadística. Majeroni destacó el papel complementario de estos alojamientos en el sector turístico local, calificándolos como "una alternativa económica" que beneficia a familias y estudiantes que necesitan estancias temporales.
Asimismo, subrayó el impacto económico positivo de estos establecimientos, tanto de forma directa –a través de empleos y contratos– como indirecta, al contribuir a otras áreas del turismo. "No somos un problema, somos parte de la solución", añadió.
Proceso judicial en marcha
El conflicto se trasladará a los tribunales este viernes, según anunció Ricardo Andrés, de CEOE CEPYME Salamanca. "La ordenanza no solo es restrictiva, sino que fue aprobada sin contar con el sector afectado. Vamos a solicitar su nulidad y exigiremos que no tenga carácter retroactivo", explicó Andrés.
Por su parte, Alfonso Hernández, abogado encargado de la redacción de la impugnación, lamentó la falta de diálogo con el Ayuntamiento. "La normativa debería haberse elaborado en colaboración con los propietarios. Queremos que se regule la actividad, pero de forma justa y considerando los intereses de todas las partes", declaró.
La asociación busca que la normativa sea revisada y adaptada para garantizar un equilibrio entre la regulación y la sostenibilidad del sector, asegurando al mismo tiempo los derechos de los propietarios.