El futuro del Corredor Atlántico vuelve al centro del debate en Castilla y León. El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha insistido en la necesidad de una "postura de Comunidad" para defender esta infraestructura clave, que recorre en una tercera parte el territorio autonómico y que se perfila como una herramienta fundamental contra la despoblación y un motor económico de primer nivel.
Durante un acto organizado en Salamanca por el Partido Popular, Sanz Merino recordó que el desarrollo completo del Corredor Atlántico podría aportar hasta 3.600 millones de euros al PIB de Castilla y León, además de triplicar el tráfico de mercancías hasta alcanzar los ocho millones de toneladas anuales. "Estamos ante un nicho de negocio clave para la logística y el transporte, que no podemos desaprovechar", afirmó.
El consejero también puso sobre la mesa el agravio comparativo con el Corredor Mediterráneo, que cuenta con compromisos de inversión de unos 7.000 millones de euros, mientras que el Corredor Atlántico recibe "una cifra ostensiblemente menor y muy concentrada en la alta velocidad para viajeros". En este sentido, exigió al Gobierno central "una planificación real, plazos concretos y presupuesto claro" para garantizar el desarrollo de la infraestructura.
El acto también contó con la intervención del presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo, quien subrayó que el Corredor Atlántico es "garantía de futuro" para la provincia y la comunidad. "No podemos permitir que su desarrollo siga paralizado. Es una infraestructura esencial para el empleo, los empresarios y la ciudadanía en general", denunció.
Por su parte, el eurodiputado Raúl de la Hoz fue tajante al calificar la actitud del Gobierno central como "un absoluto desprecio" hacia Castilla y León. "No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. No podemos seguir esperando mientras otros avanzan a toda velocidad", aseveró, insistiendo en la necesidad de reactivar también la Vía de la Plata.
El mensaje desde Castilla y León es claro: el Corredor Atlántico no puede seguir relegado a un segundo plano. Con 16.000 millones de euros aún pendientes de inversión dentro del plan global de 46.000 millones, la comunidad reclama un impulso decidido para convertir esta infraestructura en un pilar estratégico de cohesión territorial y desarrollo económico.