La Junta de Castilla y León da su visto bueno a un convenio de colaboración con el País Vasco en materia de asistencia sanitaria, que beneficiará a unas 21.500 personas durante los próximos cuatro años.
El acuerdo, que contempla desde atención primaria hasta emergencias y transporte sanitario, será rubricado por el presidente Alfonso Fernández Mañueco y el lehendakari Imanol Pradales, y deberá ser ratificado por los parlamentos autonómicos y el Senado.
Así lo anunció el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien destacó que el objetivo principal es reforzar la cooperación entre ambas comunidades para mejorar la atención a los pacientes, especialmente en zonas limítrofes como el Condado de Treviño o el norte de Burgos.
Según explicó Carriedo, se facilitará el acceso a más especialidades, mejor coordinación en urgencias y se compartirá información clínica entre los sistemas de salud de ambas regiones.
El convenio contempla, por ejemplo, que habitantes del Condado de Treviño puedan recibir atención primaria y urgente en Álava, mientras que vecinos de ciertas zonas alavesas serán atendidos en centros de Sacyl. También se prevén derivaciones hospitalarias para tratamientos especializados como neurocirugía, código infarto, ictus o cirugía torácica.
Más servicios contemplados
Además, el acuerdo contempla mecanismos de coordinación para el transporte sanitario y la gestión de emergencias, asegurando que el centro más cercano asuma cada incidente, independientemente de los límites geográficos. Sacyl también asumirá las derivaciones a centros concertados cuando sea necesario, garantizando la continuidad asistencial.
Carriedo remarcó que este convenio da “seguridad jurídica y sanitaria” a los ciudadanos de ambas comunidades y subrayó la disposición del Gobierno Vasco para avanzar en acuerdos similares en otros ámbitos. En ese sentido, recordó que Castilla y León mantiene relaciones de cooperación con nueve autonomías y dos regiones portuguesas.
El acuerdo forma parte del Protocolo General de Colaboración firmado entre ambos gobiernos en 2012, y supone un paso más hacia una sanidad transfronteriza más eficiente. Su entrada en vigor está prevista en los próximos meses, tras superar los trámites legislativos.