Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han abandonado este martes la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFyF) en señal de protesta contra la forma en que el Ministerio de Hacienda ha planteado la condonación de la deuda pública autonómica. Todo en un contexto donde el Gobierno pretende asumir 83.252 millones de euros de deuda autonómica, de los cuales 3.643 millones corresponderían a Castilla y León.
Rechazo al acuerdo con los separatistas
El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha expresado su “impotencia” ante un proceso que considera unilateral:
Carriedo ha insistido en que Castilla y León paga sus deudas y que el problema no es el endeudamiento, sino un modelo de financiación autonómica obsoleto, caducado desde 2014.
Exigen una reforma del modelo de financiación
Desde la Junta de Castilla y León se reclama que el Gobierno abra un diálogo real con las comunidades para revisar el sistema de financiación, en lugar de aplicar medidas que, según Carriedo, favorecen a Cataluña y otras comunidades con elevada deuda.
Un futuro incierto para la condonación
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha planteado la medida como parte de un acuerdo con ERC, pero aún no está claro cómo se materializará. Se requerirá una ley orgánica, cuya redacción y aprobación siguen siendo una incógnita.
Carriedo ha adelantado que Castilla y León mantendrá su postura en contra y seguirá exigiendo que el modelo de financiación garantice la prestación de sanidad, educación y servicios sociales sin beneficiar a unas comunidades sobre otras.