La Audiencia Nacional ha condenado a 18 años de cárcel al jubilado burgalés que envió cartas explosivas a La Moncloa, la Embajada de Ucrania, de Estados Unidos y al Ministerio del Interior.
Los hechos se produjeron en 2022, cuando Pompeyo González realizó estos envíos. El juez que instruía su caso le ha condenado a 10 años de prisión por el delito terrorismo y a 8 años por delito de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos, inflamables o incendiarios con finalidad terrorista.
Asimismo se cree que su propósito era "causar conmoción" en la sociedad española para que no se apoyara la guerra en Ucrania.