El Partido Popular , encabezado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, defiende su línea de actuación basada en la estabilidad institucional y el diálogo, pese a las críticas por la nueva prórroga de los presupuestos de 2024 para el ejercicio 2025. Desde el PP aseguran que la prioridad del Gobierno es garantizar la prestación de servicios esenciales y responder a las necesidades de los ciudadanos, evitando bloqueos políticos y sin recurrir al adelanto electoral.
El Partido Socialista Obrero Español afronta el Debate sobre el Estado de la Comunidad en pleno periodo de transición interna. Tras la reciente renuncia de Luis Tudanca como secretario general, el grupo parlamentario mantiene al exlíder como portavoz en las Cortes, mientras la formación navega una etapa de reajuste marcada por la búsqueda de liderazgo y cohesión. El nuevo secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, no ocupará un papel activo durante el debate, dejando el foco en el grupo de procuradores. Pese a esta situación, el PSOE comparecerá con una agenda cargada de propuestas centradas en la mejora de los servicios públicos
Desde Vox, su portavoz en las Cortes, David Hierro, ha lanzado un claro desafío al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, instándole a aceptar las propuestas programáticas que su partido considera esenciales, similares a las aplicadas en otras comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana. El grupo denuncia la falta de respuesta por parte del Ejecutivo autonómico desde el mes de noviembre y plantea tres escenarios posibles: un pacto con el PSOE, acuerdos puntuales con otros grupos parlamentarios, o una nueva alianza con Vox bajo condiciones más firmes.
Los grupos regionalistas Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria ¡YA! también aprovecharán el debate para insistir en sus reclamaciones territoriales. Ambas formaciones han registrado una proposición no de ley solicitando a la Junta la creación de una plataforma logística de interior, o puerto seco, en la zona del Alto Jalón, con el objetivo de generar oportunidades económicas y revertir la despoblación.
Uno de los temas transversales que se abordarán en este debate será la infrafinanciación que arrastra Castilla y León desde 2009, con un déficit estimado de 6.000 millones de euros. Esta situación ha limitado la capacidad de la comunidad para afrontar nuevos retos sociales, económicos y demográficos