La investigación se inició gracias a la colaboración ciudadana a través del correo trata@policia.es y tras meses de trabajo, la policía realizó cinco registros en diferentes inmuebles, donde se identificaron a 17 mujeres como víctimas de esta red.
Las víctimas, en su mayoría de origen latinoamericano, fueron engañadas a través de redes sociales con promesas de empleo en España. Una vez en el país, se les retiraba la documentación, obligándolas a ejercer la prostitución bajo un control estricto y condiciones inhumanas. Tenían que estar disponibles las 24 horas del día, todos los días de la semana, y eran forzadas a consumir drogas.
Las mujeres vivían en un estado de constante vigilancia y miedo, con acceso muy limitado al exterior. Solo recibían el 50% de los ingresos por los servicios sexuales prestados, estando además sujetas a un régimen de multas por incumplimiento de las normas impuestas por la organización.
La operación también desveló otros delitos asociados, como el tráfico de drogas, ya que se encontraron 51 gramos de cocaína, además de 21.000 euros en efectivo, datáfonos utilizados para las transacciones y abundante documentación incriminatoria.