El Partido Popular de Castilla y León da la cara e inicia una campaña para explicar los motivos de su rechazo al polémico decreto Ómnibus. Un texto que incluía medidas sociales como la revalorización de las pensiones, bonificaciones al transporte y ayudas por la DANA de Valencia. La coordinadora de Acción Política del partido en la comunidad, Isabel Blanco, defendió que su partido respalda las propuestas sociales incluidas en el decreto, pero no las vinculadas al aumento del IVA de la luz y los alimentos, ni a la regulación que, según ella, “favorece a los okupas”.
Por ello, Blanco, exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presente cada medida por separado. Le insta a que solucione el “caos generado” y permita un debate sereno sobre cada una de ellas.
“Es inadmisible utilizar a las personas como moneda de cambio para contentar a los socios del Gobierno”, aseguró la política zamorana, criticando lo que calificó como un “totum revolutum”. La popular subrayó que existen alternativas viables, como la presentación de nuevos decretos o la aprobación de las proposiciones de ley registradas por el Grupo Popular en el Congreso. "Si hubiera querido aprobarlas, habría hecho votaciones individuales", sentenció.
Por otra parte, Blanco restó importancia a las posibles repercusiones políticas de su postura, asegurando que están centrados en explicar “lo que realmente ha pasado” y en desmontar lo que consideran un uso partidista de las necesidades sociales. Asimismo, insistió en la necesidad de “hacer pedagogía” para que la ciudadanía entienda los motivos detrás del rechazo del Partido Popular y su apuesta por decretos individuales.
Recogida de firmas
El PP también impulsa una recogida de firmas para exigir al Gobierno que revalorice las pensiones de forma inmediata y sin condiciones. Blanco indicó que su partido se está organizando para explicar “con todos los medios a su alcance” el rechazo al decreto y para demostrar que su voto negativo no fue contra las medidas sociales, sino contra el modo en que fueron presentadas.
En relación con las movilizaciones anunciadas por los sindicatos tras la derogación de las medidas, las enmarcó como una llamada de atención al Gobierno para que actúe con responsabilidad.