La Junta de Castilla y León ha reclamado al Gobierno más información sobre la situación migratoria en España, exigiendo datos concretos para poder evaluar el impacto en la comunidad. La Vicepresidenta autonómica y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha participado en la Conferencia Sectorial de Inmigración, donde ha solicitado detalles sobre el Plan de Integración y Convivencia Intercultural, anunciado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según Blanco, el Gobierno ha pedido aportaciones a las comunidades autónomas para este plan, pero todavía no ha presentado un borrador, lo que impide realizar cualquier valoración.
Otro de los temas clave en la reunión ha sido la cesión de competencias en inmigración a Cataluña, un punto que no estaba previsto en el orden del día, pero que fue planteado por varias comunidades, incluida Castilla y León. Sin embargo, la ministra Elma Saiz no aportó información nueva y se limitó a reiterar lo ya conocido, sin detallar cómo se ejecutará el acuerdo.
Además, en su visita a Salamanca para participar en el IV Congreso de la mujer, Blanco ha rechazado el nuevo Real Decreto aprobado por el Gobierno, que establece el reparto obligatorio de menores migrantes desde los puntos de acogida saturados hacia otras comunidades autónomas. Este decreto, negociado con Junts, favorecerá a Cataluña y País Vasco al tener en cuenta los acogidos en los últimos años, lo que reducirá el impacto en esas regiones mientras afectará a otras como Madrid, Andalucía o la propia Castilla y León.
La Vicepresidenta ha defendido el criterio seguido por la Juta para acoger a menores inmigrantes en condiciones de proporcionalidad y dignidad, rechazando la imposición de un sistema de reparto sin consenso entre las comunidades. Una polémica que surge en medio del debate sobre la creación de un centro de acogida en el salmantino barrio de Puente Ladrillo, y que contaría con cerca de 500 plazas, aunque en este caso estarían destinadas a migrantes adultos y no a menores.