Castilla y León se prepara para instituir la Ley de Concordia, un nuevo marco legislativo propuesto conjuntamente por los grupos parlamentarios del PP y Vox, que aspira a suceder al Decreto de memoria histórica y democrática de 2018. Esta iniciativa legal tiene como finalidad principal "honrar y proteger" a todas las personas que fueron víctimas de persecución o violencia debido a sus creencias ideológicas, religiosas o sociales, en el marco temporal que comprende desde la Segunda República hasta la promulgación de la Constitución de 1978.
Tras presentar la propuesta de ley ante las Cortes, los portavoces Raúl de la Hoz (PP) y Carlos Menéndez (Vox) detallaron las características del texto legislativo que se enmarca dentro de los compromisos asumidos en el acuerdo de gobierno de ambos partidos. El propósito es que la norma sea aprobada antes del cierre del período de sesiones a finales de junio.
De la Hoz enfatizó la importancia de que la ley sea sancionada por las Cortes, subrayando que ello refuerza el acuerdo y las medidas propuestas. El período histórico abarcado por la ley, detalló, no busca equiparar las víctimas de distintos regímenes, sino condenar toda forma de violación de los Derechos Humanos, independientemente de las circunstancias en que se produjeron.
Por su parte, Menéndez criticó la transmisión de una perspectiva parcial de la historia a las nuevas generaciones y defendió la proposición de ley como un texto equitativo y desprovisto de ideología, que trata a todas las víctimas de manera igualitaria.
Entre las innovaciones de la ley, se incluye la creación de una Comisión de Exhumaciones con carácter resolutivo, que presidirá el titular de la Consejería competente. Esta comisión se encargará de tramitar las solicitudes de exhumaciones, reemplazando al anterior Consejo Técnico.
El texto también establece la elaboración de un mapa de fosas y reconoce como derecho subjetivo la recuperación de personas desaparecidas, garantizando el derecho a la investigación, localización, exhumación e identificación de restos. La Junta se compromete a promover y facilitar las actividades dirigidas a la recuperación de los restos de las víctimas, incluyendo la investigación histórica y el análisis genético.
La presentación de este proyecto legislativo resuelve uno de los asuntos más controvertidos del pacto entre PP y Vox, marcando el inicio de su tramitación legislativa. La propuesta será sometida a los procedimientos parlamentarios habituales antes de su aprobación final.