El sector vitivinícola de la comunidadrechaza la instalación de macrogranjas y plantas de purines en la denominación de origen (DO), debido a los riesgos que representan para el desarrollo sostenible de esta actividad. Según declaraciones de Yolanda García Viadero, consejera delegada de Bodegas Valduero y representante de la plataforma de bodegueros de la Ribera del Duero, en esRadio Castilla y León, llevan más de cinco años movilizados en defensa de la zona, buscando una regulación específica que impida el desarrollo de estas actividades incompatibles con el cultivo de la uva.
Los viticultores y bodegas de la Ribera del Duero, agrupados en esta plataforma que representa a más de 5.000 profesionales y varios municipios de la región, han señalado que no se oponen a la industria porcina en general, sino a la falta de normas que aseguren que estas instalaciones se ubiquen en zonas sin otras actividades económicas predominantes. "No podemos trasladar la producción de vino a otro lugar; el entorno natural es esencial para el carácter de nuestra DO", destacó García Viadero.
Sin respuestas de la administración autonómica
La plataforma ha mantenido reuniones continuas con la administración autonómica, y según García Viadero, la última se produjo el pasado 4 de septiembre con la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León. Durante dicho encuentro, se planteó la posibilidad de impulsar una Proposición No de Ley (PNL) en las Cortes de Castilla y León que establecería restricciones a la instalación de macrogranjas y plantas de purines en la Ribera del Duero. Sin embargo, hasta el momento no han recibido una respuesta definitiva, lo que aumenta la preocupación entre los miembros de la plataforma y los municipios afectados.
Ante la ausencia de avances, los representantes de las bodegas y viticultores de la Ribera del Duero están preparando una respuesta conjunta que incluirá la participación de ayuntamientos de toda la región. El objetivo es presentar una protesta unificada para exigir acciones concretas y que se establezca una regulación específica que evite que estas instalaciones alteren el equilibrio ecológico de la DO y comprometan su producción.