Cerca de 33.000 vecinos de 24 pueblos de Valladolid están intranquilos. El motivo es el nuevo mapa concesional del transporte en carretera, promovido por la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que les puede dejar sin servicio de autobús. Con todo lo que ello conlleva.
Desplazamientos a la capital vallisoletana por cuestiones médicas, gestiones, o imposibilidad de conducir: todo ello está en peligro. Por ello, desde el PP de Valladolid pidieron la dimisión del ministro del ramo, el vallisoletano Óscar Puente, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De hecho, el líder de los populares a nivel provincial, Conrado Íscar, aseguró que éste es un "día triste".
Puente en el punto de mira
En palabras de los populares, ya es habitual que Sánchez se olvide del medio rural, sin embargo, admiten estar sorprendidos por la actitud de Puente. El diputado por Valladolid en el Congreso, Eduardo Carazo, afeó al vallisoletano que quiera recortar este importante servicio, que ayuda sobre todo a las personas más mayores que no pueden conducir.
Carazo pide que se dé marcha atrás a esta medida y que negocie con la Junta. Reprochó también que no se haya escuchado a los alcaldes de la provincia.