El Ayuntamiento de Salamanca ha oficializado este lunes la disolución del grupo municipal de Vox. Una resolución de la secretaría general envía a los concejales críticos con la dirección del partido al grupo de no adscritos, mientras que el ex portavoz, Ignacio Rivas, se mantiene en el grupo mixto. Esta decisión supone la expulsión de facto de los ediles díscolos y marca un nuevo capítulo en la crisis interna del partido.
Guerra interna en Vox
El conflicto en Salamanca forma parte de una corriente crítica que ha ido ganando fuerza en varias provincias. Hace tres semanas, los concejales Alejandro Pérez de la Sota y María Carpio decidieron expulsar a Ignacio Rivas de la portavocía del grupo municipal. Poco después, acusaron a Vox de un posible uso indebido de fondos municipales, algo que, según denunciaron, Rivas habría "tolerado".
La respuesta de la dirección provincial fue inmediata: solicitaron al consistorio que solo se reconociera a Rivas como representante oficial del partido. La resolución municipal ha materializado esta petición, enviando a De la Sota y Carpio al grupo de no adscritos y dejando a Rivas en el grupo mixto.
Consecuencias políticas y económicas
Este movimiento tiene implicaciones tanto políticas como económicas. Rivas, al permanecer en el grupo mixto, podrá conservar la dedicación exclusiva y la asignación económica que Vox recibió al inicio de la legislatura. Sin embargo, no podrá formar un grupo propio ni contar con asesores financiados por el Ayuntamiento.
Por otro lado, los concejales críticos, ahora no adscritos, tendrán más limitaciones en sus intervenciones plenarias y perderán la financiación y el apoyo institucional que reciben los grupos municipales.
La crisis en Vox sigue escalando a nivel nacional, con reuniones recientes de dirigentes críticos que acusan al partido de haberse convertido en un "conglomerado de chiringuitos". Salamanca se convierte así en un nuevo escenario de esta fractura interna.